La crisis en el sector residencial

El socio-director de Gerokon, Aitor Pérez Artexte, y el Director General de la Fundación Edad&Vida, Albert Vergés, comentan las dificultades por las que atraviesa el sector de las residencias de la tercera edad. Las principales enseñas apostaron muy fuerte, con grandes inversiones y dedicando muchos esfuerzos. Pero la difícil coyuntura económica que se está atravesando se ha visto reflejada en un retroceso de la demanda y del nivel de ocupación, lo que ha impedido alcanzar los ingresos previstos para seguir apostando como hasta ahora. Y lo peor es que el final del túnel se antoja distante.

¿Cómo describirían la situación que se vive actualmente?

AITOR PEREZ. Yo creo que la situación ya era mala antes de estallar la crisis que ha agravado aún más los problemas que ya presentaba, fundamentalmente el de la ocupación. Antes de llegar a este momento, los operadores, especialmente los grandes, que son quienes peor lo están pasando, recibieron con las manos abiertas una ley que ha defraudado a todo el mundo, especialmente a las personas dependientes y sus familias

ALBERT VERGES: La situación es complicada. Las empresas no ven un marco claro de actuación, por lo que la inversión es muy difícil. Hay que hacer frente a 17 modelos distintos y eso para una empresa no es sostenible. Desde nuestro punto de vista, es absolutamente necesario dar un impulso a un sector de actividad económica generador de empleo estable y no deslocalizable, más si cabe en el actual contexto de crisis económica.

La situación, ¿es “alarmante”?

AITOR PEREZ. Al igual que ocurre con la crisis, que únicamente es mala para quienes están en el paro, en el sector hay mucha gente que está pasándolo mal. Pero también hay operadores que están cómodos y sin grandes problemas económico-financieros, a los que las dificultades que puedan estar atravesando otros les vienen bien. Aunque sin tener datos exactos, creo que son muchos más los que están atravesando por dificultades.

ALBERT VERGES. Se podría decir que la situación es incierta, ya que ante la coyuntura económica actual muchas familias prefieren tener a sus mayores en casa y recibir las ayudas para el cuidador familiar. Este tipo de ayudas deberían ser una excepción tal y como indica la Ley de Dependencia, pero se han convertido en las más habituales en muchas comunidades. Desde Edad&Vida queremos reivindicar la prestación en servicios, considerada prioritaria por la propia Ley, y mostrar nuestra disconformidad con la generalización de la prestación económica al cuidador familiar, aunque en el último Consejo Territorial se apuntaban algunas modificaciones para aumentar el control sobre esta prestación. Desde nuestro punto de vista, es absolutamente necesario profesionalizar la atención a la dependencia para garantizar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos.

¿Esta situación, llevará a un descenso de las tarifas y precios; o éstos ya están suficientemente ajustados?

AITOR PEREZ. Creo que los márgenes con los que operan los gestores son muy apretados y el problema fundamental es la sobreoferta de plazas generalizada. Otra cosa es la calidad y la capacidad que tengan unos y otros de contener gastos. En este sentido, las empresas familiares pequeñas tienen más flexibilidad, ya que la mujer hace de cocinera, el hombre de mantenimiento y recepción y la hija de auxiliar, con lo que se ahorra algo.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que las tarifas que se pagan son muy desiguales. Y mientras en algunas Comunidades, fundamentalmente en el norte, los precios son correctos, en la mayoría las tarifas públicas, que condicionan mucho el precio privado, no cubren los costes necesarios. Eso por no hablar de zonas de nuestro país que aplican modelos “subasteros” cuando compran plazas a los operadores privados teniendo en cuenta el precio, como es el caso de Madrid.
ALBERT VERGES. Todos los estudios revelan que las tarifas y precios están por debajo del coste real de los mismos, algo que los expertos y los operadores de servicios corroboran. Si queremos calidad deberíamos tener un buen sistema de acreditación que especifique cuáles son los parámetros exigibles y a partir de ellos, definir los costes. El decreto de acreditación de centros es fundamental para garantizar el mejor servicio y lo más importante es que sea coherente en todas las CC.AA. para asegurar que el ciudadano recibe la misma asistencia sea cual sea su lugar de residencia.

La paralización de los proyectos, ¿lleva a pensar que el sector ha dejado de ser rentable y de funcionar de crecimiento económico?

AITOR PEREZ. Hay operadores que han ganado dinero, pero creo que el sector como tal NUNCA ha sido rentable. Muchas de las inversiones venían del mundo del ladrillo, que daba de esta forma salida a muchos suelos dotacionales con un supuesto negocio de futuro, pero que con la crisis han sido los primeros en desaparecer. El buen momento para los inversores es el actual, mucha cama en venta y a buen precio.

ALBERT VERGES. En 2060, el 32% de la población tendrá más de 65 años. Este dato no puede pasarse por alto, ya que todas estas personas van a necesitar atenciones. Por lo tanto, el sector no puede dejar de ser parte importante del crecimiento económico. Otra cosa es que se le den las facilidades para que lo sea. La falta de un marco claro y estable no favorece la inversión. Si además vemos cómo el Gobierno está buscando soluciones para poder financiar las pensiones, podemos llegar a la conclusión de que la Ley de Dependencia tampoco va a tener una salida airosa en materia de financiación. Ante esta situación lo más lógico sería apoyar a los únicos que sí tienen capacidad de inversión, la iniciativa privada. Por lo tanto, el Gobierno debe esforzarse y definir un marco claro en el conjunto de las Comunidades Autónomas, con cohesión territorial que defina los espacios de cada agente implicado y que asegure la inversión con garantías de seguridad jurídica.

¿Qué debería de ocurrir para llegar a ese punto de inflexión en el que el mercado absorba las plazas que quedan libres y las de nueva construcción?

AITOR PEREZ. Soy muy pesimista. Creo que el problema del sector no es coyuntural, es estructural y por lo tanto no se solucionará cuando se acabe la crisis. En cuanto a la capacidad de absorción de plazas, claramente hay un superávit y hay que pensar en qué hacer con esos edificios. En nuestro caso, por ejemplo, trabajamos para una administración pública con la que ya estamos estudiando la reconversión de algunas instalaciones creadas para mayores dependientes y que hay que reconvertir por falta de demanda. Estamos viendo que aquellas entidades con las que trabajamos, que están siendo conscientes del momento y del futuro que se avecina y se están dejando ayudar, lo tienen más fácil para reflotar el negocio que aquellas que se encierran en sí mismas y están esperando a que escampe el temporal que está cayendo.
ALBERT VERGES. Que la situación mejore dependerá si se define bien el marco y la forma de aplicar los escasos recursos públicos disponibles. En este sentido, es indispensable una cohesión entre el conjunto de las CC.AA., porque ofrecerá garantías a los que ofrecen los servicios minimizando las desigualdades actuales.

La Ley de Dependencia, ¿está siendo un fracaso, dado que el dinero, en lugar de promover los servicios, se destina a los cuidadores?

AITOR PEREZ. No creo que el fracaso de la Ley se deba a que se fomenten las ayudas a los cuidadores informales. El fracaso es que no se dijo cómo se iba a financiar; y sigue sin saberse. Hay que reinventar la Ley de Dependencia, hay que cuestionarla y sólo entonces, con la experiencia adquirida, con un poco más de sensatez y dando cabida a voces críticas se podrá hacer una ley aplicable y sostenible.

ALBERT VERGES. Calificarla de fracaso sería injusto, porque era necesaria e imprescindible, si bien hay que tener en cuenta la dificultad de implantar una ley así en poco tiempo. Es importante no olvidar que hay que incluir modificaciones en la misma para beneficiar al ciudadano y al contribuyente. Es absolutamente necesario profesionalizar la atención a la dependencia y reivindicar la prestación en servicios, que además es considerada prioritaria por la Ley y mostrar nuestra disconformidad con la generalización de la prestación económica al cuidador familiar, que es la más concedida en estos momentos, pese a que debería tener carácter excepcional, tal y como marca Ley. Teniendo en cuenta esta realidad, consideramos pues imprescindible que se establezca un límite en la concesión de prestaciones económicas al cuidador familiar, que no supere el 15% del total de prestaciones concedidas, que además deberían ser analizadas para verificar su eficiencia. Por poner un ejemplo, a nadie se le ocurriría solicitar la prestación en el ámbito educativo o sanitario para enseñar a sus hijos en casa en lugar de escolarizarlos o llevarlos al hospital y que reciban la prestación en un centro especializado y profesionalizado. Convertirla en una ley de subsidios es un error, cuando sencillamente habría que seguir los parámetros que establece para que fuera más eficaz y eficiente. Se debe pensar en las personas dependientes y que los servicios que reciba sean de máxima calidad posible. En este sentido, la Administración es garante del servicio, pero en ningún caso esa garantía implica la gestión del mismo.

Aitor Pérez (Gerokon)
Los ingresos previstos, ni llegan ni está previsto que vayan a hacerlo

 

¿Cómo se vive el problema según el tipo de centro?
Creo que las residencias que lo están pasando mal son las privadas; a los centros públicos ni les va ni les viene. Otra cosa son los de titularidad municipal, que a efectos de concertación son privados y que, por lo tanto, también lo pueden estar pasando mal.
En cuanto a centros pequeños y grandes, creo que el tamaño no importa. El elemento relevante es la ubicación: un mal emplazamiento condena a muchas residencias, y eso sí que no puede resolverse. Y en este sentido, son muchos más los grandes centros que se han construido en malas ubicaciones.
Por otra parte, la mayoría de los grandes grupos atraviesan muchas dificultades al haber asumido grandes inversiones, disponen de estructuras centrales con mucho personal y los ingresos que habían previsto no están llegando ni se prevé que vayan a llegar. Otra cosa es que como detrás de muchas enseñas hay entidades financieras y grandes grupos empresariales, el Estado saldrá en auxilio de ellos, bien a través de la SEPI, bien a través de otro tipo de ayudas.

 

¿Se atreve a pronosticar las plazas que podrían sobrar a final de año?
Nosotros siempre hemos hablado de un número próximo a las 100.000 vacías teniendo en cuenta todos los centros que están en distinta fase de construcción y que se prevé estén terminados este año. A ello, hay que descontarle aquellos centros que se vayan cerrando por no poder hacer frente a los compromisos adquiridos y que en el 2010 pueden ascender a las 10.000 plazas. Este número podrá incrementarse sustancialmente si las comunidades autónomas aprietan un poco con normativas más exigentes para trabajar con ellos, como es el caso de Asturias.

 

¿De qué forma, las empresas de servicios se ven afectadas?
Evidentemente, aquellas empresas que están ligadas al centro, empresas de subcontratación de alimentación, lavandería o limpieza están viendo cómo se resiente su negocio. En mayor medida, las que proveían de equipamiento también sufren el parón de nuevas promociones. Otra cosa es que, como es nuestro caso, las empresas de consultoría cambiemos el trabajo que hacemos: mientras en el pasado se hacían muchos análisis de viabilidad, diseño de centros, etc., actualmente tenemos mucha demanda para buscar soluciones, diseñar nuevas estrategias comerciales y cada día más, acompañar en la salida del sector. Es un buen momento para la consultoría.

A parte de que muchas familias se hagan cargo de los mayores, ¿qué otras cuestiones afectan al sector de las residencias?
ALBERT VERGES. Las últimas reformas, entre las que se encuentra el aumento del tipo impositivo del IVA y que afecta al precio de los servicios de atención a la dependencia no favorece la contratación por parte de los ciudadanos de servicios profesionales y de calidad. El IVA superreducido que solicitan los operadores supondría un menor coste para la Administración Pública para comprar estos servicios y por lo tanto un menor coste para el ciudadano. En el nuevo reglamento de acreditación debe imperar el concepto de calidad y sostenibilidad para que los usuarios reciban la mejor atención posible independientemente de en qué Comunidades residan.


Fuente: news3edad.com